No Hay Limites De la mano con la verdad
Por: Luis Alberto Fernández
En la República Dominicana, la gestión de los ayuntamientos, especialmente en los distritos municipales, enfrenta desafíos económicos que parecen insuperables bajo el esquema actual de distribución del presupuesto nacional. La Ley 166-03 establece que el 10% de los ingresos del Estado debe ser destinado a los gobiernos locales. Sin embargo, esa meta no ha sido alcanzada en ninguna administración y sigue siendo un compromiso incumplido por el presidente Luis Abinader, quien prometió en campaña aumentar este porcentaje.
Actualmente, el presupuesto para los gobiernos locales apenas ronda el 2.9% del presupuesto nacional, una cifra que, al compararse con el 10% estipulado por la ley, resulta insuficiente. Esto es aún más crítico si consideramos la inflación, que ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los recursos asignados, complicando aún más la capacidad de los ayuntamientos para responder a las demandas de sus comunidades.
La pobreza en los distritos municipales: una realidad olvidada
Los distritos municipales albergan algunas de las comunidades más empobrecidas del país. Es en estos territorios donde la falta de recursos se siente con mayor intensidad. Las juntas distritales reciben presupuestos que, en muchos casos, no superan los 2.7 millones de pesos mensuales, de los cuales más de un millón se destina al pago de nóminas. Esto deja una cantidad insignificante para inversión en infraestructura, recolección de basura y otros servicios básicos.
La mayoría de los distritos municipales carecen de fuentes significativas de ingresos propios, como impuestos o arbitrios, lo que los hace completamente dependientes de las transferencias del gobierno central. Alcaldes de varias comunidades han expresado su frustración por no poder atender las necesidades básicas de la población, perpetuando las condiciones de pobreza extrema.
La promesa del 10%: un contraste entre palabras y hechos
Durante su campaña presidencial, Luis Abinader prometió incrementar el presupuesto de los gobiernos locales hasta alcanzar el 10% del presupuesto nacional de manera progresiva. Sin embargo, en declaraciones anteriores, el presidente admitió que ese objetivo no es viable. Abinader argumentó que las limitaciones fiscales del país hacen inviable asignar tal porcentaje a los ayuntamientos y sugirió un aumento gradual, que hasta ahora no ha superado el 4.8% en su administración.
Esta contradicción ha generado descontento entre los alcaldes, quienes consideran que la falta de compromiso con esta promesa pone en peligro la capacidad de los gobiernos locales para cumplir su misión.
Deuda externa y desigualdad en la inversión
Mientras los distritos municipales enfrentan esta crisis de financiamiento, el gobierno ha recurrido a la deuda externa para financiar otros proyectos, principalmente grandes obras de infraestructura. Desde 2020 hasta la fecha, la deuda contratada por la administración de Abinader supera los 11,000 millones de dólares, un monto significativo que, sin embargo, no ha impactado directamente en la mejora de las condiciones de los gobiernos locales.
Aunque el gobierno defiende estas inversiones como estratégicas para el desarrollo del país, los alcaldes y líderes comunitarios sostienen que estas obras no abordan las necesidades inmediatas de los sectores más vulnerables. Esta brecha en la distribución de los recursos públicos refuerza la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, afectando especialmente a los distritos municipales.
La urgencia de un cambio
Es necesario que el gobierno central priorice una mayor inversión en los gobiernos locales, especialmente en los distritos municipales, que son los primeros en responder a las necesidades diarias de las comunidades. Con la inflación reduciendo aún más los ya limitados recursos, los ayuntamientos requieren un aumento sustancial en sus presupuestos para cumplir con sus responsabilidades legales y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
El incumplimiento del 10% prometido por Abinader no solo incumple con la ley, sino que también perpetúa un sistema donde los sectores más pobres permanecen relegados. Es fundamental que esta situación sea corregida para que los distritos municipales puedan superar los obstáculos económicos que enfrentan y ofrecer un mejor futuro a sus comunidades.