No Hay Limites De la mano con la verdad
WASHINGTON.- Este lunes, Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.
Todo comenzó cuando la Cancillería de Honduras informó que Estados Unidos había solicitado un “formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición” a este país.
El mensaje no precisaba quién es el “político hondureño” en cuestión. Sin embargo, más tarde se dio a conocer que fuerzas de seguridad del país se apostaron en los alrededores de la residencia del exmandatario.
Hernández, quien fue sucedido a finales de enero por Xiomara Castro, juró recientemente como diputado de pleno derecho del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de su país.
LA DETENCIÓN DE HERNÁNDEZ
El expresidente hondureño fue capturado este martes en su casa en Tegucigalpa. Fue trasladado a rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención.
«El juez natural ha firmado ya esta orden considerando que hay un resguardo encabezado por el titular de Seguridad (Ramón Sabillón) en esa zona”, dijo el portavoz Melvin Duarte a los periodistas poco antes de la detención.
¿DE QUÉ ACUSAN AL EXPRESIDENTE?
La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirmó este martes que Hernández «participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares».
La droga se movilizó «por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos«, indicó la legación diplomática.
«En total, desde aproximadamente el 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos«, subrayó la embajada.
El documento señala tres cargos que penden contra Hernández, quien el 27 de enero concluyó un mandato salpicado por denuncias sobre presuntos delitos asociados al narcotráfico y la corrupción, algo que siempre negó.
El primer cargo es por «conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos«, con el «conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos» a aguas «a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos«.
Además, se le acusa de «fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos«.
El segundo cargo, es por «usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión» de «ametralladoras y dispositivos destructivos». Las armas y los dispositivos destructivos serían «en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno».
El cargo tres se refiere a una «conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos», añade el documento.
«Se busca a Hernández para ser juzgado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego”, subraya la embajada. “Está sujeto a una Acusación de reemplazo en la Causa Número S7 15 Cr. 379 (PKC), emitida y presentada el 27 de enero de 2022 a aproximadamente las 3:30 pm hora del Este, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York».
Señala además que, como parte de la conspiración, Hernández «recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.
«A cambio de ello, Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, de detención y extradición; hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas policiales y militares a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades”, añade el documento. “Hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras, y permitió que se cometieran actos de violencia brutales sin consecuencia».
Según la denuncia, hacia 2009 «el aliado político de Hernández, Porfirio Lobo Sosa (expresidente de Honduras entre 2010 y 2014), alias ‘Pepe Lobo’, comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras«.
Para entonces, ambos «trabajaron juntos para obtener aproximadamente dos millones de dólares estadounidenses de ganancias del narcotráfico de Amilcar Alexander Ardón Soriano, alias ‘Chande’, un antiguo narcotraficante hondureño y el entonces alcalde de El Paraíso, Copán, en Honduras«.
A cambio, Hernández y Lobo Sosa «prometieron proteger a Ardón Soriano de la detención y la extradición a los Estados Unidos, y nombrar al pariente y co-conspirador de Ardón Soriano (CC-1) para un puesto en el gobierno» de Honduras.
También señala que, una vez que Hernández se convirtió en presidente del Parlamento hondureño, el 25 de enero de 2010, con Ardón Soriano, participaron en la movilización de «múltiples cargamentos de cocaína al mes utilizando varios medios de transporte, incluyendo helicópteros, aviones y barcos».
LA RESPUESTA DE HERNÁNDEZ A LAS ACUSACIONES
El expresidente ha expresado «su compromiso de entregarse de forma voluntaria para seguir el proceso legal correspondiente y defender su inocencia», informaron este martes sus abogados.
La defensa «está a la espera de la decisión que tome el juez natural conforme a lo que establece la Constitución de la República, el tratado suscrito por Honduras referente a la extradición y las leyes nacionales», indicaron.
Señalaron además que se está velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales del expresidente para evitar que se ejecuten ordenes fuera del contexto y del ámbito del juez natural, lo que significaría una violación a sus derechos humanos.
El Supremo designó este martes al magistrado Edwin Ortéz para estudiar la causa de Hernández, quien permanece en su residencia de Tegucigalpa.
LA LISTA DE CORRUPTOS DE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos reveló la semana pasada que incluyó al expresidente hondureño en su lista de corruptos en julio pasado, cuando todavía estaba en el cargo, por su presunta vinculación con el narcotráfico.
En un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken explicó que la inclusión de Hernández se produjo ante las informaciones periodísticas «múltiples y creíbles» que señalaban que estuvo supuestamente implicado en actos significativos de «corrupción y narcotráfico».
Como consecuencia de esta designación, a las personas incluidas en ese listado les queda prohibida la obtención de visados y la entrada al país.
«Estados Unidos está avanzando en la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica, haciendo públicas las restricciones de visados contra el expresidente Juan Orlando Hernández por sus actividades corruptas”, remarcó Blinken. “Nadie está por encima de la ley».
Hernández siempre rechazó las acusaciones que vienen desde Estados Unidos, donde un hermano suyo, Juan Antonio Hernández, cumple cadena perpetua por narcotráfico y otros delitos.
En julio del año pasado, el Departamento de Estado publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción.
Destacan también al expresidente Lobo, y su esposa Rosa Elena Bonilla de Lobo. Asimismo, figuran en ella congresistas y altos cargos de los gobiernos de El Salvador y Guatemala.
El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la «Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte» del Congreso estadounidense.
El presidente Joe Biden se ha propuesto combatir la corrupción e impulsar programas de desarrollo en los países del «Triángulo Norte» como parte de su estrategia para frenar la migración irregular.