No Hay Limites De la mano con la verdad
Santo Domingo.- Legisladores de oposición arremetieron este martes contra el presidente Luis Abinader por el supuesto fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), tras sus declaraciones en LA Semanal, mientas oficialista defienden política anticorrupción que promueve el mandatario.
En ese sentido, criticaron el doble discurso del Gobierno que inicialmente negó la crisis en la aseguradora estatal, atribuyéndola a una falta de recursos. Sin embargo, tras la presión pública y las revelaciones de investigaciones periodísticas recientes, el presidente Abinader anunció que había ordenado una investigación en noviembre de 2024.
Al respecto, la diputada del Partido Fuerza del Pueblo, Selineé Méndez, mandó al presidente a realizar una revisión de su discurso e indicó que si solo el rumor hubiera sido contra alguien de otra organización político ya el Ministerio Público hubiera tomado acciones.
“Hace pocas semanas que nosotros escuchamos al presidente de la República Dominicana decir con mucha seguridad que en SENASA no había problemas, presidente ¿Cómo usted dice una cosa hace un par de semanas y ahora vemos, porque se destapó una caja de pandora en dos programas de investigación de que en SeNaSa hay irregularidades de todos los tipos, y usted nos dice a nosotros que desde noviembre usted está investigando eso?”, cuestionó Méndez.
Asimismo, Ramón Raposo, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo un llamado contundente contra el Ministerio Público para que actúe en esta investigación y pidió sanciones eficientes. “Nosotros hacemos un llamado contundente al Ministerio Público que así como se ha actuado en otros casos, que se actúe en esta realidad, no podemos permitir que el erario público se desvíe a otros estamentos en desmedro de la sociedad dominicana y principalmente de la clase mas desposeída”, agregó Raposo.
Las investigaciones indican que una red de corrupción y contratos irregulares ha puesto a la institución en una crisis financiera sin precedentes, con un déficit creciente y servicios cada vez más deficientes para millones de afiliados.
El esquema, que habría movilizado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas, involucraba además a empresas ligadas a funcionarios.