
Santiago.- Familiares de las cinco víctimas que fueron ultimadas por agentes policiales en una plaza comercial de La Barranquita realizaron este domingo una vigilia en el Monumento a los Héroes de la Restauración, exigiendo justicia y la revisión de la medida de coerción dictada contra los 11 agentes implicados en el hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Los parientes del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, una de las víctimas de la denominada “masacre de La Barranquita”, y de otros jóvenes que han muerto en alegados abusos policiales, se trasladaron desde Santo Domingo hasta Santiago para alzar su voz con pancartas y mensajes que reclamaban justicia frente al emblemático monumento.
Entre lágrimas, Elena Estévez, madre del peluquero, pidió que se limpie el nombre de su hijo, a quien describió como un joven trabajador y de fe. A su lado, Gabriela Espinal, hermano de la víctima, calificó la decisión judicial como “injusta y preferencial”, señalando que, al declararse el caso complejo, todos los agentes debieron recibir una coerción de entre un año y 18 meses de prisión preventiva.
El abogado y primo del fallecido, Rafael Valerio, manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Yarixa Cabral, quien impuso prisión preventiva a cuatro de los 11 agentes, mientras que a los demás les otorgó medidas menos severas. “Aquí cualquiera se roba una gallina y le meten tres meses de coerción. Hay pruebas más que suficientes para que todos los implicados estén presos”, expresó Valerio, calificando el caso como una muestra de “dictadura policial” dentro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
Durante la vigilia también participaron madres de otras víctimas de supuestos abusos policiales, como Joselín Alcántara, madre de Steven de Jesús Zapata, asesinado en Sabana Perdida, y Angelina Sánchez Reinoso, del grupo Madres de Fe en Busca de Justicia, quien relató el caso de su hija Yoanca Natalí Montero Sánchez, ultimada en 2024 en Los Mina. Ambas exigieron la reapertura de sus expedientes y que las autoridades no continúen “pasando paños tibios” ante los crímenes.
Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, la jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva al raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación, mientras que los otros siete agentes deberán pagar garantía económica, presentarse periódicamente e impedimento de salida del país.
Las víctimas de la masacre fueron identificadas como José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Edward Bernardo Peña Rodríguez, quienes, según el Ministerio Público, fueron ejecutados extrajudicialmente durante un operativo policial en el sector La Barranquita.
La manifestación en Santiago se desarrolló de manera pacífica y concluyó con un llamado unánime de los familiares: “No pararemos hasta que haya justicia para todos los asesinados por la Policía”.
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