No Hay Limites De la mano con la verdad
Por Winston Hernández
La Vega.– Diversos ciudadanos y profesionales del derecho manifestaron su respaldo a la gestión que encabeza el general Juan Pablo Ferreira Vera al frente de la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, destacando su enfoque institucional, trato respetuoso y apego a las garantías constitucionales que rigen el debido proceso.
Los consultados coincidieron en que la actual administración policial ha fortalecido los mecanismos de comunicación oficial y ha priorizado el respeto a la presunción de inocencia, principio consagrado en el artículo 69, numeral 3, de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia irrevocable que declare lo contrario.
El abogado Juan Manuel Cortes sostuvo que, por primera vez, se observa una dirección policial que canaliza la información pública a través de la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional, en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente, evitando la exposición indebida de personas detenidas y preservando sus derechos fundamentales.
Asimismo, otro jurista consultado resaltó la educación, apertura y trato equitativo del general Ferreira Vera, señalando que mantiene una política de puertas abiertas para ciudadanos y profesionales, sin distinción alguna.
Por su parte, la abogada Margarita Robles consideró necesaria la regulación del accionar de personas que se identifican como camarógrafos y que permanecen de forma constante en las inmediaciones de destacamentos policiales, advirtiendo que prácticas como interrogar públicamente a detenidos o formular preguntas con carácter acusatorio pueden vulnerar derechos y afectar procesos judiciales en curso.
Robles enfatizó que tales actuaciones pueden comprometer la cadena de custodia, además de generar vicios procesales que podrían derivar en la nulidad de casos, recordando que los comunicadores no sustituyen el rol de jueces ni del Ministerio Público.
Los profesionales recordaron que no existe una prohibición general para grabar, sino una exigencia del cumplimiento de las normas legales, particularmente aquellas que protegen la integridad de las investigaciones y la presunción de inocencia, lineamientos que también están siendo observados por disposición de la Fiscalía de La Vega.
Finalmente, los sectores consultados reiteraron que el fortalecimiento del orden institucional y el respeto al marco legal contribuyen a una mejor relación entre la ciudadanía, la prensa y los organismos de seguridad, evitando conflictos innecesarios y garantizando un ejercicio responsable de la información pública.