No Hay Limites De la mano con la verdad
Agentes le ordenaron entregar el DVR de seguridad, alegando que habían evitado un atraco.
El levantamiento de los cadáveres estuvo a cargo de la fiscal Cristina Ramírez, junto a la Policía Científica. En la escena se recolectaron armas de fuego, casquillos y proyectiles: un revólver Taurus calibre .38, una pistola Browning 9mm, una Glock .45, un fusil calibre 5.56mm y una Mini Uzi 9mm, además de decenas de casquillos dispersos en el área y dentro de los vehículos. En días posteriores, se recuperaron más proyectiles en los alrededores, confirmando la magnitud de la balacera.
Las autopsias practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmaron que las cinco víctimas murieron por heridas de proyectil de arma de fuego. Los informes fueron claros: muertes violentas, de etiología homicida, todas producidas por impactos múltiples y con desenlace rápido a causa de un shock hemorrágico. En cada cuerpo se recuperaron proyectiles, reforzando la hipótesis de un ataque directo y no de un enfrentamiento.
El Ministerio Público sostiene que los once policías actuaron de forma planificada y dolosa, utilizando como fachada una investigación de tráfico de armas. La Procuraduría ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo debido al volumen y gravedad de las pruebas.
La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el 9 de octubre, con el fin de que los abogados defensores estudien el expediente y los familiares de las víctimas puedan estar presentes. El procurador adjunto Wilson Camacho, al explicar la acusación, fue enfático: “Las pruebas que hemos recabado indican que lo ocurrido en La Barranquita fue una ejecución extrajudicial. No permitiremos impunidad. Llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias para procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias”.
El expediente del Ministerio Público deja al descubierto no solo la violencia con que se desarrolló la operación, sino también los intentos sistemáticos de los agentes para borrar evidencias y construir una narrativa distinta. Para las familias de los cinco hombres asesinados, el proceso judicial que ahora se abre representa la única vía hacia la verdad y la justicia, mientras el país observa con atención lo que ya se perfila como uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la República Dominicana.