Nuevo código penal: hasta 10 años de cárcel para hackers

Por Henry Ramírez

El nuevo Código Penal de la República Dominicana representa un cambio drástico en la forma en que el país enfrenta la ciberdelincuencia. A partir de su entrada en vigencia, pautada para agosto del año 2026, el nuevo código penal establece castigos mucho más duros para quienes cometen delitos en el entorno digital. Enviando un mensaje claro a los infractores.

La nueva normativa busca poner fin a prácticas que hasta ahora generaban un gran dolor de cabeza para las autoridades y los ciudadanos. Estas incluyen el robo de cuentas de WhatsApp, correos electrónicos y el acceso no autorizado a plataformas digitales. Este ajuste legal era esperado por muchos sectores que veían con preocupación el aumento de los crímenes informáticos. Además, notaban la aparente facilidad con que se cometían bajo el nuevo código penal.

La legislación introduce figuras penales específicas para sancionar a los hackers en República Dominicana y a todos aquellos que utilicen la tecnología para fines ilícitos. Las penas según el nuevo código penal se han incrementado de manera considerable, reflejando la seriedad con la que el Estado asume ahora la protección de la identidad y los datos de las personas. Esto ocurre en el mundo virtual.

Este marco legal no solo se enfoca en el castigo. También pretende disuadir a futuros delincuentes, creando un ambiente digital más seguro para todos. La información, publicada originalmente por el periódico Hoy, detalla cómo estas medidas transformarán el panorama de la seguridad cibernética en la nación. Por tanto, el nuevo código penal es clave en esta transformación.

¿Qué establece la nueva legislación contra los ciberdelincuentes?
La nueva ley contra delitos electrónicos contenida en el código es explícita y abarcadora. Uno de los puntos más relevantes es el artículo 188, que trata directamente el robo de identidad.

Este artículo condena con penas que van desde los cinco hasta los diez años de prisión y multas significativas a cualquier persona que se apropie de una identidad ajena utilizando medios electrónicos, informáticos o de telecomunicaciones. Esto incluye el hackeo de un número de WhatsApp, una cuenta de correo electrónico o cualquier página digital. Su objetivo es impedir el acceso a su propietario legítimo y suplantar su identidad.

El simple hecho de poseer o transferir información de identificación personal con la intención de cometer un fraude ya constituye un delito grave bajo esta normativa.

La ley bajo el nuevo código penal es muy clara al definir qué se considera información de identificación personal. Esto incluye nombres, apellidos, números de cédula, pasaportes, números de cuentas bancarias y hasta contraseñas de correo electrónico. Además, el código penaliza no solo a quien comete el acto directamente. Sino también a quien proporciona los medios o facilita la suplantación de identidad.

Penas más severas para proteger a los ciudadanos
El nuevo código penal no se detiene ahí. Contempla agravantes que pueden aumentar las penas de manera sustancial.

Por ejemplo, si el robo de identidad se comete contra un funcionario público, un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, las sanciones se mantienen en el rango alto, de cinco a diez años de prisión. Sin embargo, la situación se complica aún más para los delincuentes. Esto sucede si, además del robo de identidad, se les comprueban otros delitos concurrentes.

La legislación permite acumular penas, lo que podría llevar a un infractor a enfrentar condenas de hasta 20 o incluso 40 años de cárcel. Esto ocurre si se demuestra su participación en actividades como la asociación de malhechores o el lavado de activos.

El abogado penalista Amadeo Peralta, en declaraciones recogidas por el medio Hoy, subrayó que este es un cambio total en el combate contra la ciberdelincuencia bajo el nuevo código penal.

Advirtió a quienes se dedican a estas prácticas ilícitas que deben abandonarlas. El nuevo marco legal es implacable. Incluso aquellos que ya se encuentren en prisión por otros delitos podrían enfrentar nuevos expedientes con cargos mucho más graves si continúan operando desde la reclusión.

Esta firmeza busca restaurar la confianza en las plataformas digitales. Además, asegura que los datos de los ciudadanos estén debidamente protegidos por un sistema de justicia robusto y actualizado a los nuevos tiempos.

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