Imponen medidas de coerción a mujer que golpeó cristales de vehículo en Santiago

Por Kismel Cruz

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Presentaciones periódicas, pago de RD$25,000 e impedimentos de salida, impuso el Juez Julio Cesar Araujo, de la Sala de Atención Permanente de Santiago, contra Katerine Báez, quien fue acusada de romper los cristales del vehículo de su expareja y luego atacarlo a pedradas en un hecho ocurrido en Hato del Yaque.
La joven de 24 años de edad se enfrentó a los cargos por incurrir en violencia intrafamiliar agravada contra Yunior Paulino Peralta Torres de 33 años de edad.
El abogado representante de la victimaria, Deivy Infante, había adelantado que como no existía un certificado médico ni heridos, entendía que su defendida no sería condenada con prisión preventiva.
Sobre el caso
El arresto de la mujer se produjo en ejecución de la orden judicial 08762-2022, que la Fiscalía tramitó en el citado tribunal.
El Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, presentó cargos contra la mujer por violación al artículo 309-2-3, literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que establece sanciones por la violencia intrafamiliar agravada, ejercida contra su expareja.
La instancia de solicitud de medidas de coerción efectuada por las autoridades de la Fiscalía de Santiago, detalla que la víctima notó que la imputada lo perseguía, pero no pudo avanzar, ya que se le atravesó en el camino; tomó en sus manos una piedra y procedió a destruirle todos los cristales del vehículo, una yipeta CRV, color negro, año 2016.
Además de las pruebas materiales, la Fiscalía depositó el informe psicológico que especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), practicaron a la víctima, y en donde se revela que ha sufrido agresión física, verbal, emocional y psicológica.
La investigación establece que la mujer había ejercido violencia en contra del hombre, pero esta es la primera denuncia de la víctima ante las autoridades. No obstante, la Fiscalía estableció que los riesgos son altos por lo cual el Ministerio Público actuó de inmediato para evitar consecuencias mayores.